Por: Maite Monsalve
La Presidenta Bachelet, al llegar el año 2013 a Chile, quiso asumir por segunda vez el liderazgo de este país, convencida de que esta vez, atendiendo a las demandas de un movimiento social que abogaba por una igualdad real para todos, haría cambios que impactaran en la vida de los chilenos. Es así como en su campaña le propuso al país una serie de reformas que iban a propender a una igualdad para todos. Una de ellas, que si bien no estaba contemplada en su programa de gobierno original, fue surgiendo una vez asumido su gobierno y ella es la Reforma Laboral.
Esto se concretiza en una serie de cambios al Código del Trabajo en que los que se cuentan las modificaciones a la titularidad sindical, el cambio al concepto de negociación colectiva, la prohibición de reemplazo de trabajadores en huelga, mayor derecho a información, entre otras.
Si bien hay muchos puntos que son positivos y que ayudarán realmente a mejorar las condiciones de empleo para los trabajadores, creemos también que hay muchos puntos que son atentatorios contra principios fundamentales como la libertad sindical, el derecho a negociar colectivamente y la igualdad ante la ley.
Tomando el tema de la titularidad sindical en especial, es preocupante ver cómo el Gobierno excluye al cerca del 90% de los trabajadores, sólo por el hecho de no pertenecer a sindicato alguno. Y ello se desprende de la modificación que le harían al concepto de negociación colectiva, en la que sólo podrán llegar a un acuerdo los empleadores y las organizaciones sindicales.
La libertad sindical es el derecho que tienen los trabajadores de afiliarse, de desafiliarse y de no afiliarse. La Constitución es clara al decir que la “afiliación sindical será siempre voluntaria”. Si deseo mejorar mi remuneración o establecer otras condiciones ¿por qué debo necesariamente pagar cuotas sindicales a una organización que quizás no represente fielmente mis intereses personales para llegar a negociar con el empleador? Además, la OIT, organismo del cual nuestro país es parte, establece en el Convenio 87 (Sobre Libertad Sindical y Derecho de Sindicación) que “las autoridades públicas deberán abstenerse de toda intervención que tienda a limitar este derecho, o a entorpecer su ejercicio legal”, lo que también va en armonía con nuestra Carta Fundamental.
También se vulnera la Carta Fundamental, en el sentido de que “la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores”, o sea, de TODOS aquellos que prestan servicios personales sin mirar antes la membresía a un cuerpo intermedio. Es decir, el derecho de negociar colectivamente es anterior a la afiliación a una organización sindical, son independientes.
Eso también conlleva a no respetar una garantía fundamental como la igualdad ante la ley, porque se legisla en favor de grupos privilegiados como lo son las organizaciones sindicales y no para todos los trabajadores, siendo que en nuestro país no debe haber tal situación.
Si queremos un país en que todos tengamos el acceso a mejores condiciones de vida, tiene que ser sin discriminación. Es muy positivo asociarse, es una forma de participación ciudadana; pero en libertad.
